"El lobby ejercido por los fondos buitres para lograr esta decisión es una presión que nuestro país condena de forma contundente", señala un comunicado de la Cancillería.
El texto precisa que "la Cancillería informa que las dos empresas beneficiadas por la decisión del CIADI no aceptaron iniciar los trámites de cobro de las sentencias, de acuerdo al reglamento del ente arbitral y la legislación argentina".
Agrega que "tampoco las autoridades comerciales de Estados Unidos aceptaron la propuesta argentina de resolver el diferendo interpretativo sobre el reglamento del CIADI, insistiendo en obligar que se aplique un mecanismo contrario al sistema legal vigente en la Argentina".
"La Argentina lamenta el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias. Leyes que fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el Estado Argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el pasado régimen militar", subraya el comunicado.
Sostiene además que "resulta manifestamente incomprensible una decisión que reduce en alrededor de 18 millones de dólares los beneficios de las empresas argentinas exportadoras frente a un comercio bilateral de bienes y servicios que alcanza los 18.000 millones de dólares y que es ampliamente superavitario para Estados Unidos".
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