La Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó su “rechazo” ante “el
exorbitante aumento” del impuesto Inmobiliario Rural en la provincia de Santa
Fe, luego de que el jueves último fuera sancionado por la legislatura
provincial.
Los empresarios agropecuarios “sufrimos una discriminación impositiva”,
aseguran los ruralistas, por la aplicación de derechos de exportación a la soja,
mientras que deben afrontar todos los impuestos del resto de los sectores
económicos, como ganancias, bienes personales, impuesto al cheque, hasta
Ingresos Brutos en algunos casos, impuesto inmobiliario y tasa comunal por
hectárea, enumeran molestos.
Los empresarios “no vendemos tierra, no vivimos del valor inmobiliario
del campo, sino que debemos hacerla producir”, salvo cuando el empresario
propietario decide arrendar el campo. En ese caso se convierte en un rentista,
una situación que alcanza al 70 por ciento de la producción nacional de granos
según sostienen entidades como la Federación
Agraria.
Desde la SRA consideraron que el “aumento del impuesto inmobiliario”
significa “recaudar más tributos para la Nación en detrimento de un verdadero
federalismo”. Aunque se trata de un gravamen provincial que implica recursos
para Santa Fe.
Los ruralistas aseguran que el pago de más impuestos “atenta contra la
capacidad productiva del campo, contra la inversión de largo plazo y contra el
desarrollo de los pueblos del interior”.
Para la SRA la suba del impuesto inmobiliario “se enmarca en una actitud
generalizada del gobierno central que transfiere el ajuste que dice no querer
realizar a las provincias, quienes no dudan en sofocar económicamente al sector
productivo”.
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