Por lo menos un centenar de productores pedirán directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que declare la inconstitucionalidad del último revalúo de tierras decretado por el gobernador Daniel Scioli y el aumento del impuesto inmobiliario rural convalidado en la Legislatura.
La ofensiva del agro bonaerense se conoce luego de que el mes pasado llegaran partidas del inmobiliario rural con una cuota que incluía el revalúo aprobado el 31 de mayo último.
De acuerdo con un informe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), las valuaciones fiscales aumentaron en promedio 562 por ciento.
Según pudo saber LA NACION, hay productores que, de manera particular, están a punto de realizar una presentación directa ante la Corte provincial reclamando la inconstitucionalidad.
Pero muchos otros ruralistas le encargaron a Juan Pedro Merbilhaa, ex presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) y actual asesor jurídico de la entidad, la elaboración de una demanda especial a raíz de charlas que estuvo dando en diversas sociedades rurales del interior.
En total, entre los reclamos que van a canalizar particulares y los que tienen la autoría de Merbilhaa, serían casi 100 los productores que recurrirán al máximo tribunal provincial, según diversas fuentes del sector. "El estudio [jurídico] ya tiene preparado un tipo de demanda que se llama acción de declaración de inconstitucionalidad, que está regulada en el Código de Procedimientos de la provincia de Buenos Aires y se ejerce directamente ante la Suprema Corte de Justicia provincial por vía originaria y en instancia única", expresó Merbilhaa.
El asesor jurídico y ex presidente de Carbap señaló que las acciones judiciales, cuyas presentaciones son inminentes, se van a agrupar en conjuntos de entre dos y cinco productores por demanda para que el total de juicios no sea tan numeroso como el total de demandantes.
"Esos juicios, que se harán en grupos conjuntos llamados procesalmente litis consorcios, no obstante esa forma de plantearse representan acciones individuales, ya que cada integrante de esos litis consorcios en verdad plantea su demanda con alcance y efectos individuales", explicó el especialista, cuyo estudio jurídico es autor de esas demandas y quien las llevará adelante.
Ese tipo especial de acción ante la Corte bonaerense tiene un plazo de caducidad que vence el 29 del actual. Eso es así porque esta clase de demanda se debe hacer una vez que se haya producido el efecto de la norma decretada o sancionada.
En rigor, esto último ocurrió con las partidas que comenzaron a llegar con el incremento en el inmobiliario.
"Esto [por la acción judicial] surgió a pedido de productores y sociedades rurales que me convocaron a dar charlas de asesoramiento.
Fueron unas quince en distintos lugares con una gran asistencia de interesados que luego han tomado libremente la decisión de iniciar o no sus juicios a través de nuestro estudio o con la asistencia de otros colegas", afirmó.
El planteo judicial
Para los productores bonaerenses, el revalúo y aumento del inmobiliario rural tiene "vicios de origen".
En rigor, los ruralistas cuestionan que ya en la ley impositiva sancionada el año pasado junto al presupuesto 2012 se delegara en el Poder Ejecutivo provincial la facultad de establecer los valores para los inmuebles rurales.
El artículo 45 de la Constitución bonaerense prohíbe a los tres poderes del Estado provincial delegar a alguno de los otros las potestades que se les otorga. Además, el artículo 103 inciso 1 de esa norma atribuye al Poder Legislativo la facultad de establecer los impuestos provinciales.
"Si viola esos preceptos dictando una norma de cualquier jerarquía, incluso una ley, para delegar sus potestades, dicha norma será de origen absolutamente inconstitucional", indicó Merbilhaa.
Según el asesor, el Ejecutivo provincial también actuó "arbitrariamente, sin estudios previos, e ilegítimamente sin la participación de los contribuyentes".
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